1 Se desarrolla entre personas que están de acuerdo.
2 Su procedimiento carece de uniformidad y repetición, acomodándose a la naturaleza de los actos que la provocan.
3 La prueba que se rinde no está sujeta al requisito de citación.
4 La necesidad del oír a la Procuraduría General de la Nación (Decreto 25-97), cuando pudieran resultar afectados intereses públicos o se haga relación a personas incapaces o ausentes.
5 La resolución final no puede impugnarse mediante casación.
6 Las resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, lo que abre la posibilidad de su revisión en la vía contenciosa.
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Es cuando el particular por sí mismo, en forma voluntaria ejecuta el acto administrativo.
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